Ilegalidades, sobornos y chantaje
no legitima candidatura de Ortega
Al paso de una ofensiva orquestada con decretos ilegales, maniobras palaciegas y una política de chantajes y sobornos, Daniel Ortega, cumpliendo unciones politiqueras partidarias y no como presidente de la república, está desactivando en lo fundamental nuestra Constitución Política. Desde su inicial desconocimiento de la prohibición constitucional de la reelección continua y para quien ya cumplió dos períodos, hasta el decreto de la espuria Sala de lo Constitucional de una Corte Suprema de Justicia domada, declarando inaplicable el artículo 147 cn., el presidente Ortega no actúa si no en función de imponerse por encima del orden jurídico normado por la Constitución Política.
Nuestro Movimiento Contra la Reelección y el Fraude, que surgió con el objetivo central de defender la Constitución Política y el orden jurídico en su conjunto, considera perjudicial y peligrosa para los derechos democráticos de los nicaragüenses esta ofensiva del orteguismo. Al mismo tiempo, piensa que, aun si lograra imponer su ilegal candidatura, nuestra lucha no variaría en lo esencial, por cuanto nada de lo ilegalmente actuado por el presidente Ortega alcanzará ningún ápice de legitimidad. Aun si lograra los 56 votos parlamentarios por reformar la Constitución, tampoco le daría legitimidad a su candidatura, por cuanto sólo podría lograrlos con sus mismos recursos ilegales, sobornos y chantajes. Lo que empieza viciado termina corrupto, y jamás se podrá legitimar.
Y aun cuando el ya manoseado orden jurídico fuera burlado con sus ilegalidades, sería rechazado con el mismo fundamento ético que, históricamente, miles de nicaragüenses nutrieron su lucha tras el fin de poder estructurar un Estado democrático, progresista y con justicia social. A un Estado tal, sólo se puede acceder de forma legítima, respetando su Constitución y sus leyes, o rebelándose contra las fuerzas opresivas que las burlan.
La prolongación de un sistema político contrario a esos objetivos de interés nacional sobre la base de ilegalidades, no hará si no deslegitimar aún más la empresa política aventurera que Daniel Ortega y sus secuaces ha emprendido. Tampoco lo podrá legitimar el hecho de que en tal empresa el orteguismo cuente con la complicidad de sectores políticos oportunistas; al contrario, insistimos, nada que nace ilegítimo puede servir para ganar legitimidad.
Para confirmar esta verdad, están los hechos: podría imponerse la candidatura ilegal de Ortega, pero eso no cambiaría –y lo más probable es que empeoraría— la situación de pobreza que viven amplias masas populares. Con la candidatura ilegal de Ortega y la consumación del fraude que de forma latente ha venido construyendo con el Consejo Electoral corrupto que busca reelegir, no habrá una detente para la corrupción general, pues la ilegalidad sirve para proteger los abusos y nunca para erradicarlos. La complicidad de falsos partidos opositores, nunca podrá alimentar de legitimidad las ilegalidades de este gobierno, porque ellos mismos son representaciones espurias de la población de la cual dicen haber recibido sus votos.
Nuestro Movimiento Contra la Reelección y el fraude, excita de nuevo a las fuerzas patrióticas de oposición, cualesquiera sean sus fundamentos ideológicos, a:
1) Reforzar la lucha en defensa de la Constitución Política y el orden institucional en esta escalada que ejecuta el orteguismo;
2) Denunciar y rechazar la pretensión de Ortega y Alemán de reelegir a los actuales miembros del CSE, en una operación en la cual el segundo pretende mantener su cuota de poder a cambio de aceptar la candidatura de Ortega para las elecciones del 2011 ;
3) seguir enarbolando las banderas de la lucha histórica por el respeto a los derechos democráticos de todos los ciudadanos, cualquiera sea el avance alcanzado por el autoritarismo;
4) demandar transparencia y rendición de cuentas de la colaboración venezolana, que ahora sirve de soporte material de la ofensiva anti constitucional;
5) desplegar sus actividades de carácter democrático, nacional y popular, frente a las fuerzas regresivas del orteguismo y sus cómplices;
6) identificarse con una ética política contraria al oportunismo y la corrupción que sigue caracterizando al oficialismo y sus aliados;
7) pugnar por una legislación que penalice el latrocinio de los funcionarios públicos y lo considere como delito imprescriptible, de lesa humanidad y perseguible de oficio.
Nuestro MCRF, hace una excitativa más a las fuerzas progresistas y democráticas de oposición a materializar su unidad, a identificar y luchar por una alternativa política o programa mínimo sin sectarismos, y que contemple buscar soluciones a las demandas cotidianamente planteadas por la población nicaragüense más empobrecida. Todo, sin matiz demagógico alguno, sino contrario a todo lo que hace el gobierno actual; y, sobre todo, sin que el progreso social sirva como “compensación” o como pretexto para cercenar las libertades y los derechos democráticos de todos los nicaragüenses.
Managua, 24 de octubre 2010.
lunes, 25 de octubre de 2010
martes, 19 de octubre de 2010
Decretazos”, igual que golpe de Estado
Onofre Guevara López
La amenaza de instalar una dictadura está agotando la ruta hacia su meta. Una dictadura puede ser aunque carezca de presos políticos y de la primacía militar en el poder, pues basta tener todo el orden constitucional bajo arresto, porque así se le priva de las libertades a todos de una vez. Lo esencial de una dictadura, es desconocer y pisotear el orden constitucional, ignorar los derechos individuales y las libertades públicas, e imponer el continuismo del poder omnímodo de un caudillejo, gestor de corrupción y autocomplacencias.
La forma descarada, ilegal y cínica con que el orteguismo ha logrado ir más allá de la captación de la obediencia de los magistrados del Consejo Supremo Electoral, de la Corte Suprema de Justicia y de convertir el Poder Legislativo en una bolsa de valores, confirma el avance hacia una plena dictadura. Tras ese objetivo, la Constitución Política, columna principal de la estructura jurídica del Estado, es la primera en carecer de vigencia plena.
Nunca una Corte Suprema de Justicia y un tribunal electoral –ni cuando los duros días bajo la dictadura militar somocista— se habían convertido en unos entes públicos tan indignos de respeto, al extremo de sentirse vergüenza ajena cuando a los magistrados y a los usurpadores les mencionan sus nombres, precedidos del adjetivo “honorables”. Y, en esta postración moral en que han caído estas instituciones, sería ingenuo imaginar que Ortega podría tener el interés y el ánimo de hacer una rectificación del rumbo de la ilegalidad que ha tomado. Menos, habiendo partidos “opositores” que actúan con evidente complicidad.
El ánimo y el interés no son autónomos de la ambición de poder político, del poder de la riqueza acumulada y del ansia por acumular aún más y protegerla. La vida de opulencia, bienestar y despilfarro de los líderes del orteguismo, ya forman una sólida gama de hábitos bien arraigados. Y a estas alturas, ningún conjunto de poder político y económico de esta naturaleza, creado a fuerza de una aviesa voluntad, se disuelve fácil, sino por la acción conjunta de la mayoría del pueblo. En los resquicios mentales de los posesionados de ese poder, no cabe la duda de mantenerlo al costo que fuere. Por eso, el orteguismo ya es sinónimo de mafia plutocrática y dictadura política.
Los conceptos plutocracia y dictadura política se hacen tangibles a través de los hechos, y toman variadas medidas, que van desde grandes negocios de importación, hasta el negocio con el pan cotidiano; desde mansiones de extraordinario valor y de comodidades propias de su estirpe habitacional burguesa, hasta modestas propiedades urbanas; desde universidades para quienes tengan buenos ingresos, hasta centros escolares para todos los niveles educativos e ingresos salariales; desde la disponibilidad de los recursos del Estado para ofrecer puestos de trabajo burocráticos (eso de “trabajo” es un decir) con salarios arriba de los cinco mil dólares, hasta humildes y peligrosos puestos de vigilancia nocturna con salarios de hambre. En todos los casos, los ven como prebendas para ganar incondicionales. En fin, tienen desde hoteles cinco estrellas, hasta humildes “casas para el pueblo”; en el primer caso, la cúpula es dueña absoluta de sus ganancias, y en el segundo, es su área de tráfico de influencias para el enriquecimiento de jefes segundones, parientes y agentes políticos.
Y en medio de los negocios extremos, tienen los ingresos del Estado, de la cooperación venezolana y los ingresos municipales para su monstruosa política de carácter electoral de todo el año, desde su ascenso al gobierno, hasta el aún lejano período electoral oficial, en la que destaca la promoción del culto a la personalidad de Daniel Ortega. Esta promoción va más allá de la candidatura presidencial que aún no tiene ni lo puede tener, según lo ordena la agonizante Constitución Política. El esfuerzo se orienta a erigirle a Ortega una imagen de “dios” terrenal, con pretendida bendición del Dios celestial, a quien Ortega invoca en sus actos políticos.
Dentro de este esfuerzo por crear idolatría en torno a la imagen de Ortega, es que surgen –y se explican a la vez— dos tareas ejecutadas durante los casi cuatro años que lleva de nuevo en el poder. Una, defender el supuesto derecho de permanecer indefinidamente en calidad de presidente de una república, a cada instante más parecida a una hacienda privada; la otra, sustituir en la lucha ideológica los principios básicos de la revolución, por un lenguaje elaborado con la rara mixtura de propaganda y lenguaje seudo religioso.
De ahí que tengan al país saturado de rótulos, “jingles” radiofónicos y “spot” televisivos que hablan de una revolución que no se ve ni se puede sentir, porque no existe. Las palabras “cristianismo, socialismo y solidaridad” están zurcidas sobre una realidad en la que no se reflejan ni se pueden reflejar, sino como meros conceptos. La propaganda orteguista es tan burda como costosa para los nicaragüenses, no para ellos, que disponen de los millones de dólares del pueblo venezolano, y no les cuesta más que las gracias. (Las desgracias serán para las generaciones de nicaragüenses de hoy y del futuro).
Ante la evidencia de la falta de cambios estructurales en Nicaragua, con lo cuales se pudiera imaginar siquiera un proceso revolucionario, resulta demencial y ridícula la afirmación de que esos “cambios” no se hacen ostensibles, porque se trata de una “revolución pacífica”. La suponen “pacífica”, porque en esta su “segunda etapa” no está bajo el ruido de armas, pero creen ocultar que se produce a diario la destrucción del orden constitucional, como sólo es posible verlo y sentirlo durante la ejecución armada de un golpe de Estado.
Aunque fueran ciertos los cambios y el avance revolucionario pacífico, no valdría la pena tenerlos en detrimento de los derechos y las libertades. Tampoco lo vale, dejarlas al arbitrio de cualquier caudillejo. Esos derechos irrenunciables para el nuestro y cualquier otro pueblo.
A medida que con dislates, perversidades y el dinero venezolano el orteguismo viene estructurando su dictadura, se hace más obligado pensar sobre cuánta responsabilidad corresponde al presidente Hugo Chávez –y a los gobiernos que apoyan a Ortega—, respecto a nuestra situación política. No pienso en la responsabilidad inmediata y directa de lo que aquí ocurre, porque de eso somos responsables los nicaragüenses por permitirlo, sino en cuanto al fortalecimiento de sus ambiciones dictatoriales.
Por ahora, eso no será posible saberlo. Pero mientras el dinero siga fluyendo hacia los bolsillos de Ortega, será más evidente la responsabilidad de quienes, desde el exterior, ajenos a nuestra realidad y a nombre de una solidaridad pervertida, estimulan a los que pretenden seguir ilegalmente en el poder, atropellándolo todo.
La amenaza de instalar una dictadura está agotando la ruta hacia su meta. Una dictadura puede ser aunque carezca de presos políticos y de la primacía militar en el poder, pues basta tener todo el orden constitucional bajo arresto, porque así se le priva de las libertades a todos de una vez. Lo esencial de una dictadura, es desconocer y pisotear el orden constitucional, ignorar los derechos individuales y las libertades públicas, e imponer el continuismo del poder omnímodo de un caudillejo, gestor de corrupción y autocomplacencias.
La forma descarada, ilegal y cínica con que el orteguismo ha logrado ir más allá de la captación de la obediencia de los magistrados del Consejo Supremo Electoral, de la Corte Suprema de Justicia y de convertir el Poder Legislativo en una bolsa de valores, confirma el avance hacia una plena dictadura. Tras ese objetivo, la Constitución Política, columna principal de la estructura jurídica del Estado, es la primera en carecer de vigencia plena.
Nunca una Corte Suprema de Justicia y un tribunal electoral –ni cuando los duros días bajo la dictadura militar somocista— se habían convertido en unos entes públicos tan indignos de respeto, al extremo de sentirse vergüenza ajena cuando a los magistrados y a los usurpadores les mencionan sus nombres, precedidos del adjetivo “honorables”. Y, en esta postración moral en que han caído estas instituciones, sería ingenuo imaginar que Ortega podría tener el interés y el ánimo de hacer una rectificación del rumbo de la ilegalidad que ha tomado. Menos, habiendo partidos “opositores” que actúan con evidente complicidad.
El ánimo y el interés no son autónomos de la ambición de poder político, del poder de la riqueza acumulada y del ansia por acumular aún más y protegerla. La vida de opulencia, bienestar y despilfarro de los líderes del orteguismo, ya forman una sólida gama de hábitos bien arraigados. Y a estas alturas, ningún conjunto de poder político y económico de esta naturaleza, creado a fuerza de una aviesa voluntad, se disuelve fácil, sino por la acción conjunta de la mayoría del pueblo. En los resquicios mentales de los posesionados de ese poder, no cabe la duda de mantenerlo al costo que fuere. Por eso, el orteguismo ya es sinónimo de mafia plutocrática y dictadura política.
Los conceptos plutocracia y dictadura política se hacen tangibles a través de los hechos, y toman variadas medidas, que van desde grandes negocios de importación, hasta el negocio con el pan cotidiano; desde mansiones de extraordinario valor y de comodidades propias de su estirpe habitacional burguesa, hasta modestas propiedades urbanas; desde universidades para quienes tengan buenos ingresos, hasta centros escolares para todos los niveles educativos e ingresos salariales; desde la disponibilidad de los recursos del Estado para ofrecer puestos de trabajo burocráticos (eso de “trabajo” es un decir) con salarios arriba de los cinco mil dólares, hasta humildes y peligrosos puestos de vigilancia nocturna con salarios de hambre. En todos los casos, los ven como prebendas para ganar incondicionales. En fin, tienen desde hoteles cinco estrellas, hasta humildes “casas para el pueblo”; en el primer caso, la cúpula es dueña absoluta de sus ganancias, y en el segundo, es su área de tráfico de influencias para el enriquecimiento de jefes segundones, parientes y agentes políticos.
Y en medio de los negocios extremos, tienen los ingresos del Estado, de la cooperación venezolana y los ingresos municipales para su monstruosa política de carácter electoral de todo el año, desde su ascenso al gobierno, hasta el aún lejano período electoral oficial, en la que destaca la promoción del culto a la personalidad de Daniel Ortega. Esta promoción va más allá de la candidatura presidencial que aún no tiene ni lo puede tener, según lo ordena la agonizante Constitución Política. El esfuerzo se orienta a erigirle a Ortega una imagen de “dios” terrenal, con pretendida bendición del Dios celestial, a quien Ortega invoca en sus actos políticos.
Dentro de este esfuerzo por crear idolatría en torno a la imagen de Ortega, es que surgen –y se explican a la vez— dos tareas ejecutadas durante los casi cuatro años que lleva de nuevo en el poder. Una, defender el supuesto derecho de permanecer indefinidamente en calidad de presidente de una república, a cada instante más parecida a una hacienda privada; la otra, sustituir en la lucha ideológica los principios básicos de la revolución, por un lenguaje elaborado con la rara mixtura de propaganda y lenguaje seudo religioso.
De ahí que tengan al país saturado de rótulos, “jingles” radiofónicos y “spot” televisivos que hablan de una revolución que no se ve ni se puede sentir, porque no existe. Las palabras “cristianismo, socialismo y solidaridad” están zurcidas sobre una realidad en la que no se reflejan ni se pueden reflejar, sino como meros conceptos. La propaganda orteguista es tan burda como costosa para los nicaragüenses, no para ellos, que disponen de los millones de dólares del pueblo venezolano, y no les cuesta más que las gracias. (Las desgracias serán para las generaciones de nicaragüenses de hoy y del futuro).
Ante la evidencia de la falta de cambios estructurales en Nicaragua, con lo cuales se pudiera imaginar siquiera un proceso revolucionario, resulta demencial y ridícula la afirmación de que esos “cambios” no se hacen ostensibles, porque se trata de una “revolución pacífica”. La suponen “pacífica”, porque en esta su “segunda etapa” no está bajo el ruido de armas, pero creen ocultar que se produce a diario la destrucción del orden constitucional, como sólo es posible verlo y sentirlo durante la ejecución armada de un golpe de Estado.
Aunque fueran ciertos los cambios y el avance revolucionario pacífico, no valdría la pena tenerlos en detrimento de los derechos y las libertades. Tampoco lo vale, dejarlas al arbitrio de cualquier caudillejo. Esos derechos irrenunciables para el nuestro y cualquier otro pueblo.
A medida que con dislates, perversidades y el dinero venezolano el orteguismo viene estructurando su dictadura, se hace más obligado pensar sobre cuánta responsabilidad corresponde al presidente Hugo Chávez –y a los gobiernos que apoyan a Ortega—, respecto a nuestra situación política. No pienso en la responsabilidad inmediata y directa de lo que aquí ocurre, porque de eso somos responsables los nicaragüenses por permitirlo, sino en cuanto al fortalecimiento de sus ambiciones dictatoriales.
Por ahora, eso no será posible saberlo. Pero mientras el dinero siga fluyendo hacia los bolsillos de Ortega, será más evidente la responsabilidad de quienes, desde el exterior, ajenos a nuestra realidad y a nombre de una solidaridad pervertida, estimulan a los que pretenden seguir ilegalmente en el poder, atropellándolo todo.
martes, 12 de octubre de 2010
La izquierda y las alianzas en la historia
Onofre Guevara López
END - 19:40 - 11/10/2010
Hay palabras, frases y conceptos que facilitan la comprensión de las cosas y de los problemas de la sociedad, pero parecen triviales sólo por el uso exagerado que se hace de los mismos. No obstante, no pierden su valor de representación. Por ejemplo, la frase que nos invita sabiamente a no olvidar los errores de la historia para no condenarnos a repetirlos.
Trivial o manida, la frase ayuda a comprobar algunos errores repetidos en la historia de las oposiciones políticas a diferentes dictaduras, durante los últimos sesenta y seis años (1944-2010).
Anastasio Somoza García tras su reelección en los comicios de 1946, después de haber dado el golpe de Estado a Juan Bautista Sacasa, de haberse hecho elegir presidente, y Carlos Brenes Jarquín, cumplido su papel de títere, provocó una oposición mayoritaria, pero desunida. La oposición formal la hacía el Partido Conservador; el Partido Liberal Independiente surgió en abril del año 44, integrado por ex miembros del Partido Liberal Nacionalista, de Somoza García. En julio del mismo año salió a luz el Partido Socialista Nicaragüense. Y durante ese proceso antireleccionista, surgió el movimiento estudiantil de la “generación del 44”.
No fue la primera ocasión que nuevos partidos rompían el monopolio político libero-conservador, pues antes se habían organizado partidos de carácter ocasional, pero fue la definitiva. El PLI atrajo a los sectores populares y de clase media, y el PC se vio obligado a cederle su casilla electoral al candidato del PLI, doctor Enoc Aguado. El PSN surgió en medio de una discusión interna sobre si organizarse como partido comunista o como partido popular, con un documento que no había sido discutido colectivamente, y debido a eso, cayó en errores de juicio sobre la situación política nacional.
El PSN fue sádicamente atacado por los conservadores, no por sus errores de juicio, sino por verlo como una quinta columna del “comunismo intencional”. Y, para congraciarse con la embajada gringa, acusaban a Somoza de haberlo organizado, y a los socialistas de ser agentes de Somoza. Un error político contra la unidad opositora, pues ninguna de las dos cosas tenía que ver con la verdad, pero eran tomadas como tal por sectores poco ilustrados políticamente, y además, aterrorizados por la campaña anti comunista típica de “guerra fría”, recién iniciada.
Sólo el movimiento estudiantil, en el cual había socialistas, se unía con el PSN en actos políticos, igual que alguna gente del PLI. Cuando se logró la unidad PLI-PC, dejaron fuera al PSN, el cual hizo su propia campaña de oposición, y tuvo negociaciones con Aguado, quien confesó no querer su acercamiento por temor a la reacción de la embajada gringa; incluso, dio fe de su anticomunismo. Con todo, la oposición ganó las elecciones del 46 de forma contundente, e igual de contundente fue el fraude que no pudo evitar. Somoza impuso a Leonardo Argüello, a quien derrocó 27 días después.
Las lecciones: a) no vale obtener la mayoría de los votos, si el árbitro electoral es corrupto y al servicio del gobierno; b) por sectarismo, la derecha le hizo el juego a Somoza García: mientras vertía su odio anticomunista contra el PSN, el dictador reprimía a derecha e izquierda. Una huelga laboral que dirigían los socialistas en la fábrica textil (Payco, 1945) del líder de la oposición, Carlos Pasos, Somoza la reprimió en apoyó del propietario, mientras éste acusaba a los socialistas de ser agentes de Somoza. Así, entre rechazos, agresiones y a veces tolerancia, actuaron varias alianzas opositoras durante la dictadura.
En 1974, se organizó Unión Democrática de Liberación (UDEL), primera alianza política de oposición en la cual la izquierda tuvo espacio propio, a excepción del FSLN. Éste organizó la alianza de izquierda Pueblo Unido, y a raíz del triunfo revolucionario, el Frente Patriótico, donde se aglutinó la izquierda y el centroizquierda, pero, por sectarismo el FSLN no le dio la importancia que tenía, y desapareció. Una parte de esa izquierda se unió a la derecha y la otra al FSLN. Un error más, aunque de otro tipo, rompió una alianza que pudo haber contribuido a la defensa de la revolución.
Para las elecciones de 1990, funcionó otra alianza opositora, esta vez contra la revolución. El PSN, escindido del PSN original en 1976, se unió a la Unión Nacional Opositora, igual que un partido comunista nacido de otra división anterior del PSN, en 1967. Esta, era una izquierda desteñida, y al triunfar la UNO, ya se había supeditado a la política de la derecha.
Factores del triunfo opositor: a) su amplia unidad; b) inconformidad popular por la crisis económica creada por la guerra contrarrevolucionaria, organizada por el gobierno estadounidense, más errores oficiales; c) un Consejo Electoral dirigido por funcionarios probos; d) honestidad y transparencia electoral.
La oposición actual es la peor de todas: un PLC aliado vergonzoso del gobierno, que por el pactó comparten cuotas de poder en el Estado. Del PLC, se desprendió ALN y ésta, se dividió: una ALN aliada del orteguismo, y el Movimiento Vamos con Eduardo opuesto a ambos sectores liberales. Existe evidencia de que el PLC y ALN están infiltrados por el gobierno. El MVE, el PC, el PLI (fraccionado) y otros partidos se debaten entre el esfuerzo unitario y los efectos de la política de chantaje, represión y soborno del orteguismo, cuyo capital lo ha volcado a la tarea de impedir la unidad e infiltrar a la oposición. Eso le ha permitido destruir los obstáculos constitucionales en busca de la reelección de Ortega.
Pero ésta es la primera vez que la izquierda, de hecho representada por el MRS y el Movimiento de Rescate del Sandinismo, es parte de la oposición y trabaja por su unidad con iniciativas propias, y como fuerza política autónoma. Hay un avance cualitativo de la izquierda, tomando en cuenta las experiencias de los años 40; de los 50 y los 70, cuando su participación en varias alianzas estuvo supeditada, y para el 79 se había dividido entre una izquierda revolucionaria y otra izquierda menguada unida a la derecha.
La izquierda --tomando en cuenta que no es homogénea política ni ideológicamente--, ahora tiene otro esquema: el FSLN se derechizó, al menos su liderazgo, con su gestión de gobierno corrupta, reaccionaria e irrespetuosa de los derechos ciudadanos y humanos, como es el caso de la penalización del aborto terapéutico. Líderes que fueron de izquierda, ya son parte de partidos derechistas, como el PLC. El PSN actual, ha formado alianza con el MRS, y el Rescate, y hay grupos e individuos de izquierda que no están organizados en partido, más los movimientos de género, son una izquierda democrática atomizada.
Pese a que la izquierda es minoría en la Asamblea Nacional, trabaja para que la oposición real no sea arrastrada ni claudique ante Ortega. Sus pocos diputados ofrecen el mejor ejemplo de lucha dentro de un ámbito corrompido, donde, incluso, lidia contra sus traidores. De todas formas, la izquierda vive y en la lucha sigue, pero le falta unificarse.
END - 19:40 - 11/10/2010
Hay palabras, frases y conceptos que facilitan la comprensión de las cosas y de los problemas de la sociedad, pero parecen triviales sólo por el uso exagerado que se hace de los mismos. No obstante, no pierden su valor de representación. Por ejemplo, la frase que nos invita sabiamente a no olvidar los errores de la historia para no condenarnos a repetirlos.
Trivial o manida, la frase ayuda a comprobar algunos errores repetidos en la historia de las oposiciones políticas a diferentes dictaduras, durante los últimos sesenta y seis años (1944-2010).
Anastasio Somoza García tras su reelección en los comicios de 1946, después de haber dado el golpe de Estado a Juan Bautista Sacasa, de haberse hecho elegir presidente, y Carlos Brenes Jarquín, cumplido su papel de títere, provocó una oposición mayoritaria, pero desunida. La oposición formal la hacía el Partido Conservador; el Partido Liberal Independiente surgió en abril del año 44, integrado por ex miembros del Partido Liberal Nacionalista, de Somoza García. En julio del mismo año salió a luz el Partido Socialista Nicaragüense. Y durante ese proceso antireleccionista, surgió el movimiento estudiantil de la “generación del 44”.
No fue la primera ocasión que nuevos partidos rompían el monopolio político libero-conservador, pues antes se habían organizado partidos de carácter ocasional, pero fue la definitiva. El PLI atrajo a los sectores populares y de clase media, y el PC se vio obligado a cederle su casilla electoral al candidato del PLI, doctor Enoc Aguado. El PSN surgió en medio de una discusión interna sobre si organizarse como partido comunista o como partido popular, con un documento que no había sido discutido colectivamente, y debido a eso, cayó en errores de juicio sobre la situación política nacional.
El PSN fue sádicamente atacado por los conservadores, no por sus errores de juicio, sino por verlo como una quinta columna del “comunismo intencional”. Y, para congraciarse con la embajada gringa, acusaban a Somoza de haberlo organizado, y a los socialistas de ser agentes de Somoza. Un error político contra la unidad opositora, pues ninguna de las dos cosas tenía que ver con la verdad, pero eran tomadas como tal por sectores poco ilustrados políticamente, y además, aterrorizados por la campaña anti comunista típica de “guerra fría”, recién iniciada.
Sólo el movimiento estudiantil, en el cual había socialistas, se unía con el PSN en actos políticos, igual que alguna gente del PLI. Cuando se logró la unidad PLI-PC, dejaron fuera al PSN, el cual hizo su propia campaña de oposición, y tuvo negociaciones con Aguado, quien confesó no querer su acercamiento por temor a la reacción de la embajada gringa; incluso, dio fe de su anticomunismo. Con todo, la oposición ganó las elecciones del 46 de forma contundente, e igual de contundente fue el fraude que no pudo evitar. Somoza impuso a Leonardo Argüello, a quien derrocó 27 días después.
Las lecciones: a) no vale obtener la mayoría de los votos, si el árbitro electoral es corrupto y al servicio del gobierno; b) por sectarismo, la derecha le hizo el juego a Somoza García: mientras vertía su odio anticomunista contra el PSN, el dictador reprimía a derecha e izquierda. Una huelga laboral que dirigían los socialistas en la fábrica textil (Payco, 1945) del líder de la oposición, Carlos Pasos, Somoza la reprimió en apoyó del propietario, mientras éste acusaba a los socialistas de ser agentes de Somoza. Así, entre rechazos, agresiones y a veces tolerancia, actuaron varias alianzas opositoras durante la dictadura.
En 1974, se organizó Unión Democrática de Liberación (UDEL), primera alianza política de oposición en la cual la izquierda tuvo espacio propio, a excepción del FSLN. Éste organizó la alianza de izquierda Pueblo Unido, y a raíz del triunfo revolucionario, el Frente Patriótico, donde se aglutinó la izquierda y el centroizquierda, pero, por sectarismo el FSLN no le dio la importancia que tenía, y desapareció. Una parte de esa izquierda se unió a la derecha y la otra al FSLN. Un error más, aunque de otro tipo, rompió una alianza que pudo haber contribuido a la defensa de la revolución.
Para las elecciones de 1990, funcionó otra alianza opositora, esta vez contra la revolución. El PSN, escindido del PSN original en 1976, se unió a la Unión Nacional Opositora, igual que un partido comunista nacido de otra división anterior del PSN, en 1967. Esta, era una izquierda desteñida, y al triunfar la UNO, ya se había supeditado a la política de la derecha.
Factores del triunfo opositor: a) su amplia unidad; b) inconformidad popular por la crisis económica creada por la guerra contrarrevolucionaria, organizada por el gobierno estadounidense, más errores oficiales; c) un Consejo Electoral dirigido por funcionarios probos; d) honestidad y transparencia electoral.
La oposición actual es la peor de todas: un PLC aliado vergonzoso del gobierno, que por el pactó comparten cuotas de poder en el Estado. Del PLC, se desprendió ALN y ésta, se dividió: una ALN aliada del orteguismo, y el Movimiento Vamos con Eduardo opuesto a ambos sectores liberales. Existe evidencia de que el PLC y ALN están infiltrados por el gobierno. El MVE, el PC, el PLI (fraccionado) y otros partidos se debaten entre el esfuerzo unitario y los efectos de la política de chantaje, represión y soborno del orteguismo, cuyo capital lo ha volcado a la tarea de impedir la unidad e infiltrar a la oposición. Eso le ha permitido destruir los obstáculos constitucionales en busca de la reelección de Ortega.
Pero ésta es la primera vez que la izquierda, de hecho representada por el MRS y el Movimiento de Rescate del Sandinismo, es parte de la oposición y trabaja por su unidad con iniciativas propias, y como fuerza política autónoma. Hay un avance cualitativo de la izquierda, tomando en cuenta las experiencias de los años 40; de los 50 y los 70, cuando su participación en varias alianzas estuvo supeditada, y para el 79 se había dividido entre una izquierda revolucionaria y otra izquierda menguada unida a la derecha.
La izquierda --tomando en cuenta que no es homogénea política ni ideológicamente--, ahora tiene otro esquema: el FSLN se derechizó, al menos su liderazgo, con su gestión de gobierno corrupta, reaccionaria e irrespetuosa de los derechos ciudadanos y humanos, como es el caso de la penalización del aborto terapéutico. Líderes que fueron de izquierda, ya son parte de partidos derechistas, como el PLC. El PSN actual, ha formado alianza con el MRS, y el Rescate, y hay grupos e individuos de izquierda que no están organizados en partido, más los movimientos de género, son una izquierda democrática atomizada.
Pese a que la izquierda es minoría en la Asamblea Nacional, trabaja para que la oposición real no sea arrastrada ni claudique ante Ortega. Sus pocos diputados ofrecen el mejor ejemplo de lucha dentro de un ámbito corrompido, donde, incluso, lidia contra sus traidores. De todas formas, la izquierda vive y en la lucha sigue, pero le falta unificarse.
miércoles, 6 de octubre de 2010
Reelección de Ortega a la brava
* El cinismo como discurso político
Carlos F. Chamorro
A raíz de los graves sucesos ocurridos en Ecuador la semana pasada, el presidente Daniel Ortega denunció la existencia de una conspiración para promover un Golpe de Estado contra su gobierno.
La denuncia generó un inmediato desmentido de la embajada de Estados Unidos en Managua y de parte de voceros de la Conferencia Episcopal, pero sería pertinente que Ortega presente pruebas para fundamentar su denuncia. Sólo así sabremos si hay algo de verdad, o si trata de otra campaña para fabricar enemigos artificiales y mantener movilizadas a sus bases.
Hasta ahora el único Golpe documentado sobre el que existen abundantes pruebas, es el que ha promovido el propio Presidente de la República contra la institucionalidad democrática de nuestro país. Evidentemente no se trata de un golpe militar como el que ocurrió en Honduras; pero es un Golpe orquestado “desde arriba” igualmente grave por sus consecuencias.
¿Acaso no socava la democracia perpetrar un fraude electoral y corromper las reglas de la competencia política?
¿Representa o no una actitud golpista destituir ilegalmente a los alcaldes electos, y mantener en sus cargos a Magistrados a quienes ya se les venció su período?
¿Equivale o no a un Golpe reformar la Constitución por las vías de hecho, sólo para facilitar la candidatura de Ortega a la reelección presidencial?
De manera que cuando el Presidente denuncia supuestas amenazas de Golpe sin aportar pruebas, precisamente en el mismo instante en que está ejecutando un Golpe calculado contra la Constitución, significa que ya se han perdido todos los límites del pudor y lo único que queda del discurso oficial es el cinismo político puro y duro.
Tal vez esto no sea tan grave para la OEA porque no hay muertos ni tropas en las calles, pero los nicaragüenses no deberíamos acostumbrarnos a tolerar un acto de fuerza que, aunque sea de forma paulatina, ha ido demoliendo lo que quedaba del estado de derecho.
Es preocupante la actitud de apatía con que reacciona un sector importante de la ciudadanía ante un atropello de esta magnitud. Unos alegan que el golpismo de Ortega no afecta su vida cotidiana ni su capacidad para hacer negocios y hasta sacar jugosas ventajas al amparo del gobierno. Otros justifican su inacción y resignación, aludiendo al descrédito de la oposición y la profunda crisis de credibilidad por la que atraviesa el liderazgo opositor. Y la gran mayoría están dedicados a resolver su sobrevivencia económica cotidiana y se debaten entre la miseria, la falta de empleo, y la dolorosa alternativa de emigrar al exterior. Para ellos la protesta no representa, por el momento, una opción.
Pero si los que tienen resueltas sus necesidades socioeconómicas básicas no reaccionan ahora, mañana todos pagaremos los platos rotos. Y los mayores perdedores serán, lógicamente, los que más tienen que perder: comerciantes, profesionales, productores, y empresarios, porque el autoritarismo no garantiza un clima de negocios sostenible, en medio de la inestabilidad política.
Tampoco resolverá el flagelo de la pobreza, porque carece de la capacidad para ofrecer soluciones duraderas. Y cuando el barco del populismo empiece a naufragar en medio de la crisis de legitimidad política, --con o sin la reelección de Ortega-- también el ejército y la policía terminarán sometidos al designio autoritario del Presidente. El peor desenlace es la restricción del clima de libertades públicas que afectará indistintamente a toda la juventud, a los jóvenes opositores y a los seguidores del FSLN.
Al margen de los incondicionales que apoyan a Ortega, entre sus partidarios hay un sector que apoya a este gobierno porque lo considera una alternativa de cambio social, ante el vacío que dejaron los gobiernos anteriores. Pero un proyecto de izquierda sólo puede echar raíces si es genuinamente democrático. El orteguismo, en cambio, ni es de izquierda ni es democrático, y ha sembrado la semilla de su propia autodestrucción al someterse al caudillismo mesiánico de Daniel Ortega y su familia. El colmo del cinismo es que para justificar la reelección del Presidente se alega campantemente que la “constitución es inconstitucional”, porque supuestamente viola los derechos humanos de Ortega.
Al imponerse la reelección violando todas las normas constitucionales que regulan esta materia, estamos ante el reconocimiento del fracaso de un modelo político. Es la última advertencia para los que quieran escuchar, porque lo que viene después será una salida nacional mucho más costosa y dolorosa, en términos económicos, sociales y humanos. El que se aferra al poder a la fuerza, jamás aceptará dejarlo por las buenas. Toda comparación con el fenómeno del somocismo, no es pura coincidencia. Pareciera que vivimos obcecados en negarnos a aprender de los fracasos y las lecciones anteriores de nuestra sociedad. Entonces, ¿por qué esperar hasta el desenlace final de esta crisis anunciada, si podemos empezar el cambio ahora?.
Carlos F. Chamorro
A raíz de los graves sucesos ocurridos en Ecuador la semana pasada, el presidente Daniel Ortega denunció la existencia de una conspiración para promover un Golpe de Estado contra su gobierno.
La denuncia generó un inmediato desmentido de la embajada de Estados Unidos en Managua y de parte de voceros de la Conferencia Episcopal, pero sería pertinente que Ortega presente pruebas para fundamentar su denuncia. Sólo así sabremos si hay algo de verdad, o si trata de otra campaña para fabricar enemigos artificiales y mantener movilizadas a sus bases.
Hasta ahora el único Golpe documentado sobre el que existen abundantes pruebas, es el que ha promovido el propio Presidente de la República contra la institucionalidad democrática de nuestro país. Evidentemente no se trata de un golpe militar como el que ocurrió en Honduras; pero es un Golpe orquestado “desde arriba” igualmente grave por sus consecuencias.
¿Acaso no socava la democracia perpetrar un fraude electoral y corromper las reglas de la competencia política?
¿Representa o no una actitud golpista destituir ilegalmente a los alcaldes electos, y mantener en sus cargos a Magistrados a quienes ya se les venció su período?
¿Equivale o no a un Golpe reformar la Constitución por las vías de hecho, sólo para facilitar la candidatura de Ortega a la reelección presidencial?
De manera que cuando el Presidente denuncia supuestas amenazas de Golpe sin aportar pruebas, precisamente en el mismo instante en que está ejecutando un Golpe calculado contra la Constitución, significa que ya se han perdido todos los límites del pudor y lo único que queda del discurso oficial es el cinismo político puro y duro.
Tal vez esto no sea tan grave para la OEA porque no hay muertos ni tropas en las calles, pero los nicaragüenses no deberíamos acostumbrarnos a tolerar un acto de fuerza que, aunque sea de forma paulatina, ha ido demoliendo lo que quedaba del estado de derecho.
Es preocupante la actitud de apatía con que reacciona un sector importante de la ciudadanía ante un atropello de esta magnitud. Unos alegan que el golpismo de Ortega no afecta su vida cotidiana ni su capacidad para hacer negocios y hasta sacar jugosas ventajas al amparo del gobierno. Otros justifican su inacción y resignación, aludiendo al descrédito de la oposición y la profunda crisis de credibilidad por la que atraviesa el liderazgo opositor. Y la gran mayoría están dedicados a resolver su sobrevivencia económica cotidiana y se debaten entre la miseria, la falta de empleo, y la dolorosa alternativa de emigrar al exterior. Para ellos la protesta no representa, por el momento, una opción.
Pero si los que tienen resueltas sus necesidades socioeconómicas básicas no reaccionan ahora, mañana todos pagaremos los platos rotos. Y los mayores perdedores serán, lógicamente, los que más tienen que perder: comerciantes, profesionales, productores, y empresarios, porque el autoritarismo no garantiza un clima de negocios sostenible, en medio de la inestabilidad política.
Tampoco resolverá el flagelo de la pobreza, porque carece de la capacidad para ofrecer soluciones duraderas. Y cuando el barco del populismo empiece a naufragar en medio de la crisis de legitimidad política, --con o sin la reelección de Ortega-- también el ejército y la policía terminarán sometidos al designio autoritario del Presidente. El peor desenlace es la restricción del clima de libertades públicas que afectará indistintamente a toda la juventud, a los jóvenes opositores y a los seguidores del FSLN.
Al margen de los incondicionales que apoyan a Ortega, entre sus partidarios hay un sector que apoya a este gobierno porque lo considera una alternativa de cambio social, ante el vacío que dejaron los gobiernos anteriores. Pero un proyecto de izquierda sólo puede echar raíces si es genuinamente democrático. El orteguismo, en cambio, ni es de izquierda ni es democrático, y ha sembrado la semilla de su propia autodestrucción al someterse al caudillismo mesiánico de Daniel Ortega y su familia. El colmo del cinismo es que para justificar la reelección del Presidente se alega campantemente que la “constitución es inconstitucional”, porque supuestamente viola los derechos humanos de Ortega.
Al imponerse la reelección violando todas las normas constitucionales que regulan esta materia, estamos ante el reconocimiento del fracaso de un modelo político. Es la última advertencia para los que quieran escuchar, porque lo que viene después será una salida nacional mucho más costosa y dolorosa, en términos económicos, sociales y humanos. El que se aferra al poder a la fuerza, jamás aceptará dejarlo por las buenas. Toda comparación con el fenómeno del somocismo, no es pura coincidencia. Pareciera que vivimos obcecados en negarnos a aprender de los fracasos y las lecciones anteriores de nuestra sociedad. Entonces, ¿por qué esperar hasta el desenlace final de esta crisis anunciada, si podemos empezar el cambio ahora?.
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