Una democracia enferma de muerte

Onofre Guevara López

No parece haber rescate de la vida útil de la política en manos de quienes están disfrutando su oportunismo –o su traición, que tanto se le parece—, además de que parecen dispuestos a llevar esa enfermedad a su última fase. Más aún, cuando hay dos actores principales jugándoselas todas en el clímax de su vida política: el orteguismo aferrado al poder con pasión continuista, y diputados formalmente opositores sin futuro después de finalizado el actual período.

Están como subastando un negocio en liquidación. En estas condiciones, existe una atracción y defensa mutua entre ambos sectores en momentos decisivos para morir o sobrevivir como factores de poder político y del poder económico que del primero de deriva. El orteguismo puja por los diputados sin futuro y, por ello, proclives a vender sus últimos votos a cualquier precio. A esos diputados oportunistas, nada les puede atraer más al final de su vida útil, que el polo del poder económico-político del orteguismo.

Se necesitan y se complementan, de ahí que no haya fuerza moral ni ética que les detenga. Sus mutuas ambiciones viven en una urgencia tal, que no son capaces de encontrar otra salida a sus ambiciones que unificarlas tras el mismo objetivo, aunque para algunos éste es más temporal que permanente. Lo que les importa es funcionar tras objetivos prioritarios: unos, asegurarse el poder, y otros las prebendas, al margen de cualquier consideración de orden legal o constitucional. (Hablar aquí de orden moral y ético, está demás).

De hecho, ya cari logran burlar la resistencia al “decretazo” que puso por debajo del presidente la autoridad y la facultad legislativa de la Asamblea Nacional, aparte de que hace rato algunos diputados parecen haberse olvidado de la brutal violación del artículo 147 Cn., el cual puso la Constitución bajo la voluntad del presidente Ortega. Al respecto, mucho se habla y se critica la incapacidad de los diputados de oposición para sumar siquiera 47 votos contra estas violaciones constitucionales, pero además de incapacidad numérica, hay que hablar de la incapacidad política, de la cual emana la primera.

Ya se sabe que a esa incapacidad política, contribuyen las ambiciones personales de ciertos diputados, más todos los derivados de su endeble moralidad. Pero… ¿y el resto de los diputados que, por lo menos hoy, no se les puede ubicar entre el grupo oportunista? No se habla de incapacidad política del discurso, sino de que no todos ven más allá de aprovechar su función legislativa, y eso es una gran limitante para el necesario desempeño de una labor política, en la cual debería tener primer lugar la atención y su relación con el pueblo al que dicen representar.

Se supone que ahí está la raíz de la mala actuación, en general, de los diputados: en el carácter marginal que tienen sus funciones parlamentarias. Y eso no se resuelve con teoría ni un buen discurso. Se trata de siglos de malformación de las actividades legislativas, expresada en la separación total del diputado con el sector social que supuestamente representa. Esta deformación, apenas tuvo alivio durante el primer período legislativo de la Asamblea Nacional. Se trata, entonces, de una mal estructural de la función legislativa en nuestro país.

Ante la última –aunque aún no concluida— demostración del divorcio entre los intereses sociales y los individuos que mal los representan en los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, ya no caben simples remedios. Pero tampoco estamos los nicaragüenses en condiciones de aplicar remedios radicales o definitivos. Sólo queda como salida de urgencia aplicar medidas que sirvan de arranque hacia soluciones más de fondo: que los sectores sociales afectados desconozcan la autoridad –toda clase de autoridad— de los personajes que utilizan sus cargos para destruir la base constitucional del Estado.

Y, en principio, desconocer esas autoridades significa no aceptar la legalidad de ninguna de las reformas violatorias de la Constitución Política, lo que, de hecho, representa la voluntad de ejercer su defensa contra los violadores, al menos en tres aspectos esenciales: no aceptar la inscripción de la candidatura de Daniel Ortega; no aceptar el patrocinio de ningún proceso electoral de un CSE reelegido; no participar en un proceso electoral levantado sobre la base de ilegalidades.

Es evidente la contradicción existente entre tales medidas y las actividades electoreras previas, en las cuales ya aparecen empeñados algunos sectores de oposición. Igual sería contradictorio con la resistencia popular contra las ilegalidades del orteguismo, dar por aceptado todo lo que resultare de sus maniobras politiqueras que, igual que los “decretazos”, se burlan de las normas constitucionales. Ejemplo de ello, es la “elección” de Alfredo Gómez Urcuyo como diputado, en calidad de suplente que no tiene del ex presidente Bolaños, por lo que todo el mundo sabe: él fue un vicepresidente nombrado, no electo por el voto popular como manda la Constitución.

Pese a que la restitución de su condición de diputado al señor Alejandro Bolaños Davis, es un acto de justicia, con este gobierno no se descarta una posible maniobra politiquera. No se puede confiar en quienes argumentaron de todo para arrebatarle su diputación, y ahora se deciden sorpresivamente por lo contrario de lo que ayer alegaron. En todo caso, nada de lo que hagan hará perder, si no reforzar, el ejercicio violatorio del orden constitucional de este gobierno.

Como un elemento adicional a sus violaciones a la máxima Ley, los defensores de este régimen arbitrario, dizque se ofenden cuando alguien afirma que el orteguismo es peor que el somocismo. En primer lugar, si no lo consideran cierto, ¿por qué se molestan? En segundo lugar, no hay comparaciones absolutas, debido a que no hay dos situaciones históricas absolutamente iguales.

Un ejemplo: las oscuras e inmorales triqueñuelas que ahora practica el orteguismo para violar el orden constitucional son peores, porque al somocismo ni siquiera les eran necesarias. La integración de las instituciones estatales y del Congreso –senadores y diputados— no eran resultado de una elección más o menos disputadas, sino de un simple reparto: el 60 y el 40 por ciento para somocistas y zancudos conservadores, respectivamente.

Como se ve, desde el punto de vista formal, no son dos situaciones idénticas, pero si vemos el resultado, lo que ocurre ahora es peor, porque el somocismo nunca pudo engañar que no era una dictadura, y porque el orteguismo no sólo engaña con su gobierno “de unidad y reconciliación”, sino que también se burla del pueblo al cambiar arbitrariamente el resultado de lo que fueron –o se dice que fueron— unas elecciones libres y democráticas.

Todo es relativo y nadie se engaña: hay cosas peores bajo el orteguismo que bajo el somocismo, y viceversa. La cuestión esencial, es que ninguna violación a los derechos de las personas necesita ser medida ni comparada con otra violación para merecer una condena. Y, en ese aspecto, cada quien debe asumir sus propias características y responsabilidades.

Y los dueños de los 48 votos, ¿qué se “ficieron”?

Onofre Guevara López

Hay una incongruencia entre la ofensiva orteguista y la inercia de la oposición parlamentaria. La escalada orteguista contra el orden constitucional no tiene visos de bajar el ritmo, porque el tiempo le se agota. En rápida sucesión de actos violatorios de la Constitución –sin contar la constante violación del carácter laico del Estado y los nombramientos al margen de la Asamblea Nacional—, se le ha visto imponer fallos y decretos tan ilegales que más parecen ajusticiamientos del orden jurídico.

La causa de esta escalada de ilegalidades, es el obsesivo propósito de la reelección de Ortega, quien viola el artículo 147 Cn.; impone el decreto 03-2110, con el que se arroga funciones que no son suyas, al prorrogar los períodos de magistrados; ordena exhumar el artículo transitorio 201 de la Constitución aprobada en 1987, para justificar la violación anterior; y ahora –y seguro que sólo por el momento—, el fallo de apenas dos de sus magistrados de la Sala Constitucional y un ex magistrado alzado contra la Ley, que amenaza con dejarlos sin inmunidad y hasta con cárcel a los diputados que sigan con la discusión de ley derogatoria de su decreto ilegal.

Si el empeño de violar las disposiciones constitucionales para abrir paso a la reelección presidencial no ha tenido freno, es de esperarse que el gobierno altere cualquier otro artículo del orden legal establecido, con tal de imponerla. A nadie asombraría la continuidad de esta escalada de violaciones constitucionales, pero sí asombra que los 48 diputados, supuestamente dispuestos a frenarlas, continúen “clandestinos” frente a esta una ofensiva orteguista. Eso es incongruente e injustificable.

Los orteguisitas no van a dejar de hacer lo menos, cuando ya han avanzado bastante con sus atropellos. Y quienes más en contacto viven con ese desenfreno son los diputados de oposición, pero no todos, ni mucho menos, reaccionan en consecuencia, sino que más bien parecen sólo interesados en hacer un rechazo declarativo. Aparte de los jefes de las bancadas opositoras, algunos presidentes de comisiones y otros directivos, que no suman ni diez, el resto –que también hace mayoría en la composición de la Asamblea Nacional—, vive dentro de un mutismo no ajeno de sospechas.
¿Temor, inconciencia, oportunismo, complacencia, yoquepierdismo, acomodamiento? Podría haber de todo, como también de nada, pero el hecho evidente y criticable, es su silencio y su inercia ante el conflicto. Y si lo hicieran por ese nefasto sentido de la disciplina partidaria, tampoco es plausible, porque detrás pueden esconderse, precisamente, actitudes temerosas, inconscientes, oportunistas, complacientes, yoquepierdistas y muy cómodas, hasta llegar a la complicidad.

Se sabe que no están dejando de hacer algo. Y ese “algo” es, sin dudas, atender sus asuntos personales –negocios, sobre todo—, por cuestión de viejo oficio o porque ahora se los facilita el enorme ingreso económico que reciben. En definitiva, significa que los diputados están haciendo cualquier cosa, pero no todo lo que debieran hacer y a lo que se han comprometido hacer ante la ciudadanía para defender la institucionalidad del país.

En fin, cualesquiera fueran las causas de su apatía frente al avance reeleccionista, ya es suficiente motivo de preocupación para la ciudadanía y una motivación para su reclamo, porque, así sean los diputados sólo formalmente sus representantes en el Poder Legislativo, con su cargo hacen su vida muelle a costa de los impuestos de la misma ciudadanía. Si no es posible que cambien de raíz esa conducta, al menos podrían variarla; es una obligación moral, más que una obligación política.

No es necesario hacer constar que este reclamo no es para los orteguistas, y no porque los creamos exentos de responsabilidades, sino por lo contrario, precisamente, porque son los más responsables por ser parte de la maquinaria que está contribuyendo con los magistrados orteguistas al aplastamiento del orden constitucional. Y actúan en consecuencia con su condición de máquinas para votar, no para hablar, menos para razonar ni siquiera su voto.

El reclamo, es para los diputados cuyas acciones y posiciones políticas son proclamadas por ellos mismos como de oposición. Pero parece que están, como se dice, sólo “de corazón” opuestos al continuismo y la reelección, más todo lo que está significando para el futuro del orden constitucional del país. En todo caso, su posición es meramente oficial, no sentida como un deber patriótico individual, y eso permite –como ya lo ha permitido— la evasión de responsabilidades y la fuga del compromiso de actuar como verdaderos opositores.

Si bien tienen sus portavoces de bancadas, el resto de diputados no tiene derecho al silencio. Los dueños de los 48 votos deben salir de las listas oficiales, por demás dudosas, y hacerse presente ante el pueblo trabajando contra la reelección. A los diputados les sobran recursos y tiempo para hacer algo más concreto y decisivo en contra la ofensiva orteguista contra las leyes.

Parte de ese “algo”, debería ser reunir y movilizar a los ciudadanos en las regiones que supuestamente representan; explicarles en qué consiste la peligrosidad de las medidas al margen de la Constitución. Sus correligionarios verían, por primera vez quizá, que tienen representantes en las Asamblea Nacional, y para eso, no requieren del padrinazgo de las cúpulas de sus partidos, sino actuar, incluso, como un solo grupo parlamentario. Cualquiera sea su partido, su ideología o su proyecto político, si esos 48 diputados tienen la misma visión sobre la peligrosidad de la ofensiva orteguista, es suficiente razón para actuar unánimemente, no sólo para “pensar”, en contra de la reeelección.

Y no piensen que se les están dando “consejos”, sino exigiendo el cumplimiento de sus deberes para con el pueblo que supuestamente los eligió y, lo que es más importante: el pueblo que trabaja para mantener sus ingresos económicos y sus privilegios. El pueblo tampoco está exento de la responsabilidad de llamar la atención a los diputados, si es que quiere ser bien representado. Hacerlos pasar de la representación formal a la representación real. Si no se comienza siquiera con eso, no podría aspirarse a contar con una Asamblea Nacional representativa de la voluntad popular.

El ejercicio de la democracia no es una declaración política, sino una práctica cotidiana de los ciudadanos, mucho más cuando –como ahora— tratan de imponer una falsificación de la democracia y, peor aún, hasta de imponer una revolución falsificada. Con la indiferencia, la pasividad y la espera de que desde el exterior venga el esfuerzo por los cambios políticos y sociales, no se hace honor a la trayectoria del pueblo nicaragüense. Tampoco debe olvidarse que las falsificaciones no se detienen dentro de las fronteras nacionales, y que la pasividad permite a los falsificadores presentarse en el exterior como depositarios de la voluntad popular.

En uno de aquellos días manifesté a mis amigos que si en Nicaragua hubieran cien hombres que la amaran tanto como yo, nuestra nación restauraría su soberanía absoluta. Mis amigos me contestaron que posiblemente habría en Nicaragua ese número de hombres, o más. A.C.SANDINO.