Opinión
¿Errores? No, decisiones políticas
Onofre Guevara López
END - 21:17 - 26/07/2010

Todos estamos obligados, por respeto a lo que hacemos y a nosotros mismos, a ser precisos en el uso de los términos, a los cuales recurrimos necesariamente para expresarnos. Pero nadie comete delito alguno por no ser siempre pulcramente preciso en todo lo que escribe y dice.

Con frecuencia calificamos como “errores”, y más precisamente como “errores del gobierno”, sus arbitrariedades, abusos, desaciertos y hasta sus barbaridades en el ejercicio administrativo del Estado. Y no es acertado identificarlos y calificarlos como errores, aun menos cuando las consecuencias de sus actos causan horrores. Ninguna actitud, medida o política de ningún gobierno es causada por error, sino por decisiones políticas premeditadamente concebidas.

Si en el primer momento las consecuencias de tales decisiones políticas se consideran erróneas, será porque causan desconciertos, dado que son contrarias a lo que la sociedad y el país necesitan, demandan y esperan de su gobierno. Pero, observándolo bien, nunca –o casi nunca, para no ser categóricos— la sociedad se ve frustrada y el país perjudicado por errores, sino por políticas aviesamente concebidas, y siempre ejecutadas con intenciones de favorecer objetivos e intereses de los controladores del poder.

Los propósitos gubernamentales son expuestos en programas, y aunque en el papel parezcan buenos, y algunos lo son en verdad, ya en el poder no se aplican del todo, o se aplican a medias, pero no por error. No llegan a ser una realidad, porque la mala intención política, el fanatismo político-ideológico, las ambiciones personales y los intereses generales –los de clase, en primer lugar— de los grupos dominantes son antepuestos a los intereses colectivos y nacionales.

El error, depende del medio y del momento que vive una persona en su relación con su realidad: se comete un gazapo cuando se escribe y se confunde una cosa con otra; cuando se equivoca de lugar, de fecha, de un hecho determinado o de persona; cuando se comete un yerro o una falta contra el interés de terceros, sin haber mediado la intención de cometerla, sino que lo comete de forma accidental. Pero un gobierno, manejado autocráticamente por un individuo, o por el presidente junto a todo su gabinete, más sus bien pagados asesores y sus propagandistas, no lleva a cabo sus acciones políticas por error, sino por su voluntad de imponerle al pueblo, a la sociedad, al país, sus puntos de vista previamente discutidos. Y no es fortuito que todo sea coincidente con sus intereses materiales y, no en último lugar, por sus intereses ideológicos, porque funcionan juntos en todas las circunstancias.

Todo ciudadano puede comprobar lo que decimos; si no, hagamos la prueba:
¿Será un error o una decisión política, mantener secuestrada la colaboración económica de Venezuela y fuera del Presupuesto General de la República?

No es ningún error, porque los burócratas del gobierno, empezando por su presidente, no desconocen la obligación constitucional de rendir cuenta hasta del último centavo percibido y gastado durante su gestión oficial. Es, pues, y sin objeciones válidas, una decisión política y, además, corrupta.

¿Será un error o una decisión política, pasar por encima de la Constitución y actuar al margen de sus preceptos (la no reelección consecutiva, alterar la transitoriedad de un artículo constitucional, justificar un decreto presidencial que mantiene en vigencia mandatos caducados y hacer proclamas de sentido religioso desde la posición estatal –o hacer presencia oficial en actos religiosos— violando el precepto constitucional de que nuestro país no tiene religión oficial)

Errores de ese calibre sólo serían comprensibles en gente ignorante –¡y quién sabe, porque todos estamos obligados a conocer las leyes!—. Lo que hace el gobierno es orientado por la decisión política de utilizar la obsecuencia de sus magistrados en los poderes del Estado y las creencias de la gente, para justificar la reelección de Daniel Ortega, violando de forma múltiple y conscientemente la Constitución Política.

¿Será un error o una decisión política, utilizar como fuerzas de choque –armados de morteros, piedras, garrotes y odio— a jóvenes manipulados, pagados o becados, contra las manifestaciones políticas opositoras?

Al público espectador y a los observadores extranjeros, esa represión pudiera parecerles una medida errónea que afecta los derechos ciudadanos. Pero para quien la utiliza y para quienes la sufren, es una decisión política incitada por la intolerancia, y porque el gobierno no puede echar mano abiertamente del Ejército y de la Policía para sostener, fortalecer y desarrollar su proyecto continuista. Atemorizar a la población buscando debilitar su resistencia a sus abusos, es un recurso táctico con la visión estratégica de lograr la reelección y el continuismo.

¿Será un error o una decisión política, la exagerada promoción de la figura del presidente Ortega a través de la costosa propaganda en vallas de todo tamaño?
La cantidad y el contenido del mensaje propagandístico electorero –fuera de período legal—, nada tiene que ver con un error; es una decisión política tras muchos fines: quieren fijar en la mente y en la conciencia de la población la imagen de Ortega, y esperan acostumbrarla a pensar en él como el único guía político, como un ser insustituible, y a que le rinda culto a su persona. El orteguismo utiliza el mismo recurso de la iglesia con las imágenes de sus santos: las ubican en todas partes, y a fuerza de verlas a toda hora, la gente termina convencida de que esas imágenes determinan su conducta y su destino; y de que la solución de sus problemas está en sus “milagros”. El orteguismo acompaña esta promoción con recursos pseudoreligiosos: “cumplirle al pueblo, es cumplirle a Dios”; “gracias a Dios que estamos nosotros en el poder”; “pidamos a Dios” que sea posible esto o lo otro, etcétera. El 19 de julio, Daniel hizo su “milagro”: acabar con el hambre, dando canastas básicas mensualmente a madres de caídos de ambos lados, mientras dure su campaña electoral.

¿Es un error o una decisión política sustraer recursos materiales y económicos del erario y de las instituciones estatales, para usarlos en actividades partidarias?
Ningún robo al Estado se comete por error, sino por decisiones de interés personal o partidario y por cálculos políticos. El poder político no funciona sin el poder económico, y las formas de conseguir esos recursos, al menos son tres: por medio de actividades legales propias; la donación o cooperación extranjera; y la corrupción administrativa.

La diferencia entre una administración pública transparente y una administración corrupta, está en que una se limita a manejar los recursos propios, sin ocultarlos al público ni marginarlos del Presupuesto General; y en que la otra, aplica todos los medios tortuosos para escamotear recursos del Estado para el enriquecimiento personal. En esta última categoría está el gobierno orteguista.

Ortega está poniéndole la tapa al pomo
Onofre Guevara López
END - 20:14 - 05/07/2010

Desajustado como está el orden jurídico institucional por la absorción de las funciones y decisiones por parte del Ejecutivo –léase el presidente Ortega—, de los magistrados de su partido y de los adquiridos, en dos Poderes del Estado – el Consejo Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia— , mientras al tercero –la Asamblea Nacional— que lo tiene en crisis por su pugna en torno a los 56 votos necesarios para reformar la Constitución y dejar abierta su reelección, ya no queda nada de lo institucional que no haya sido pervertido. Daniel Ortega ha decidido imponer sus ambiciones, aunque tenga que acabar con la institucionalidad.

Es indudable que la personalidad ambiciosa, mesiánica y autoritaria del presidente Ortega, es factor decisivo en esta ofensiva desestabilizadora. A lo suyo, se agregan las ambiciones del grupo de oportunistas que han hallado en su liderazgo caudillesco al conductor ideal para alcanzar sus propósitos egoístas y de enriquecimiento fácil y rápido a la sombra del Estado. Pero sin las condiciones materiales, políticas, sociales y culturales predominantes históricamente en nuestro país, el orteguismo no hubiera podido llegar tan lejos como ha llegado. Este mal del orteguismo, tiene pues su raíz en la conformación estructural y el poder de clase que controla el Estado, desde los inicios del proceso de su construcción post colonial y de su degeneración, que ya dura 189 años.

Dentro de ese cuadro histórico, no se ha logrado la construcción plena del carácter democrático del Estado nacional. Siguen igual de predominantes las clases dominantes tradicionales y las de nuevo sello, como el orteguismo. Con algunas excepciones, todos los integrantes de estas clases se han caracterizado por su inclinación al autoritarismo, a lo dictatorial, al saqueo del Estado, al anti-patriotismo y al oportunismo político. En estas sus actividades, les han acompañado unas veces toda la jerarquía y otras un solo jerarca de la iglesia católica, o simultáneamente.

Más que influencia, las jerarquías y los jerarcas han ejercido la complicidad con las clases dominantes en la práctica no ética de sus políticas. Para identificar algo de esta complicidad no es necesario escarbar profundo en nuestra historia, sino en sus etapas más cercanas a nuestro tiempo. El magistrado Francisco Rosales, hoy uno de los grandes operadores políticos de Daniel Ortega en la CSJ, y entre 1990-1996 ministro del gobierno libero-conservador de Violeta Barrios de Chamorro –en el cual se supone fue un infiltrado del Frente—, se encargó de poner en evidencia la complicidad clerical con las clases dominantes.

Pero, al margen de ese hecho anecdótico, está otro importante: que el referido artículo transitorio perdió vigencia y validez al concluir la causa que indujo a su aprobación, cual fue la necesidad de darle carácter legal a la transición de las anteriores autoridades gubernamentales hacia las electas en los comicios del 25 de febrero de 1990. Rosales está consciente de este hecho, aunque por oficio e interés no sólo acepta como válido el artículo 201, sino que también se ampara en el mismo para justificar el decreto ilegal del presidente Ortega, y dejar a los ex magistrados orteguistas y a los liberales cooptados, usurpando el cargo.

Ya es sabida la complicidad de la jerarquía con los políticos dominantes más interesados en la utilidad de sus cómplices que en resguardar los preceptos constitucionales, como a los jerarcas les interesa mucho más conservar sus privilegios que los preceptos bíblicos. Pero, aparte de eso, se observa el interés no sano del doctor Rosales: no cuestionar la acción ilegal, absurda, inmoral y delictiva del Cardenal Obando al asumir una función pública y laica, como es publicar el texto constitucional y sus reformas, sino que no recuerda para justificar el propósito ilegal, absurdo, inmoral y delictivo de los magistrados orteguistas de la CSJ de publicar un nuevo texto de la Constitución, incluyendo el artículo transitorio y caduco desde hace 20 años: el 201.

De esta forma atropelladora --que está caracterizando en todo, a la administración pública del orteguismo--, bajo una legalidad artificialmente creada y, por ende, abusiva y delictuosa, es que Daniel Ortega está ensuciando el camino hacia su reelección. Entonces, está fuera de duda que si en tres años este señor se ha dedicado a todo lo ilegal e inmoral para propiciar su reelección contra todo derecho; a construir su poder económico; y a cortar libertades y derechos civiles, la consecuencia es que le ha restado tiempo a las actividades constructivas que pudo haber desarrollado a favor del país. Luego, en los años de un nuevo período sólo se dedicaría a defender “sus victorias” con mayor represión y mayores abusos.

Con tan tétrica perspectiva para la vida nacional, toda pérdida de tiempo en intrigas palaciegas se hace a favor de las pretensiones del orteguismo. Si así habrán de conducirse los políticos llamados de oposición, inconscientemente, no tendrían perdón; y si lo están haciendo de forma consciente por oportunistas, merecerían la condena popular.

Pero, antes de que la primera conducta siga causando daños, o la segunda vaya a ocurrir, el pueblo deberá ponerse en acción, no sólo por su obligada defensa propia, sino también porque de nada serviría condenar una traición cuando el daño está hecho de forma irremediable.

¿ QUE A SIGNIFICADO EN NICARAGUA LA REELECCIÓN ?




A significado encarcelamiento, sangre, dolor y muerte de todos aquellos ciudadanos que se han opuesto a la reelección de un ciudadano cuya única intención es la de instaurar una dictadura a la que tenemos que agregar el parangón familiar que significa la sucesión en el poder de un miembro de la misma familia convirtiéndose esto en una dinastía familiar y en esa dirección es que lleva a nuestro país Daniel Ortega.


Quienes hemos dedicado parte de nuestras vidas a la lucha contra la reelección y la dictadura en Nicaragua, sabemos porque nos estamos oponiendo a las pretensiones de reelegirse de Ortega. Sabemos cual ha sido el costo que nuestro pueblo a tenido que pagar y eso es lo que queremos evitar ahora.


Evitar que nuestros hijos, nietos y sobrinos tengan que hacer lo que nosotros en nuestros días de juventud tuvimos que hacer: sufrir una masacre como la del 22 de enero de 1967 en la que perdieron la vida centenares de hermanos nicaragüenses, luego de esta masacre vino lo que nadie esperaba el líder de la oposición de ese momento el conservador Fernando Agüero Rocha pacto con el dictador Anastasio Somoza Debayle.


Eso hizo que el pueblo empezara a desconfiar de los partidos políticos y empezara a buscar una nueva alternativa una opción diferente desde ese momento. El tiempo fue transcurriendo y durante más de una década el pueblo espero que surgiera alguien o una nueva organización política que terminara con la dictadura de los Somoza.


Es en ese contexto fue que apareció el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como una fuerza política militar convocando a la población en los barrios, en las comarcas, en los municipios y en todos los departamentos del país a organizarse para enfrentar por la vía armada a la dictadura somocista.


El pueblo empezó a organizarse de diferentes maneras e integrarse en las diferentes organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, etc. Al final a lo interno del país todo el pueblo se unió a la lucha contra la dictadura de Somoza pero con fusil en mano. Solo así fue posible sacudirnos de una vez y para siempre a una de las dictaduras más feroces de América Latina.